Venezuela presenta observaciones por errores de hecho en informe de Oficina de Alta Comisionada de la ONU

Venezuela solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) adoptar las medidas necesarias para corregir graves errores, distorsiones y deficiencias metodológicas presentes en su informe preliminar, cuya copia fue enviada por esa instancia al país para que hiciera comentarios sobre errores de hecho que pudiera contener antes de su publicación.

Al efecto, Venezuela remitió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un documento con al menos 70 grandes observaciones como ejemplos sobre las graves inconsistencias subjetivas, apreciación sesgada y métodos usados que presenta el borrador de informe (denominado versión avanzada no editada de la OACNUDH) sobre la “situación de derechos humanos de Venezuela”.

Las observaciones inician por el tono general del informe, que presenta “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.

Venezuela denuncia que se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a esta Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus dos visitas al país.

Entre otras deficiencias injustificables, el informe de esta oficina se fundamenta en su casi totalidad en entrevistas a personas que están fuera de Venezuela y omite totalmente los logros objetivos que en materia de DDHH la comisión observó y constató en el sitio.

Diputados, golpe y magnicidio

Como ilustración de estas graves deficiencias, entre los 70 puntos Venezuela destaca que la Oficina se alarma por los procesos judiciales incoados contra diputados de la Asamblea Nacional. Pero en este estudio, la OACNUDH omite mencionar el magnicidio frustrado contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, organizado por esos diputados.

Igualmente, al referirse a los hechos del 30 de abril de 2019, la Oficina omite que los diputados no solo hicieron un llamado a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que “deserten y desafíen al gobierno”, sino que se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia, orientadas hacia la población civil, en un intento de golpe de Estado. Tampoco destaca los constantes llamados a la intervención militar extranjera.

Venezuela denuncia que se acusa al Gobierno de desarrollar una política de “represión y persecución de la disidencia”. Este señalamiento resulta falso. Además, en su análisis la OACNUDH omite y no hace mención ni siquiera superficial de las diversas acciones de grave violencia y acciones contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposición desde el año 2002.

Omisión del bloqueo

En otra observación, Venezuela rechaza que se sostenga que la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales de 2017.

“En ese análisis, la OACNUDH omite considerar el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril de petróleo a partir del año 2014, como resultado de las acciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos para manipular el precio del petróleo, a través del incremento de la producción de petróleo de esquisto”, señala Venezuela.

Asimismo, el Gobierno Bolivariano condena que la Oficina señale diversos factores que supuestamente inciden en la situación del derecho a un nivel de vida adecuado en Venezuela, pero omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) contra el país, y que fue reconocido por la alta comisionada en su visita a Caracas.

En ese mismo párrafo, el informe afirma que miembros del Gobierno habrían reconocido ciertos aspectos de la “crisis humanitaria”, pero es falso, pues ninguna autoridad ha reconocido la existencia de tal “crisis humanitaria” en Venezuela, ya que no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello.

El Gobierno ha reconocido que las acciones de agresión contra Venezuela están generando impactos negativos sobre la situación social y ha puesto en marcha mecanismos para recibir asistencia técnica humanitaria para hacer frente a esos efectos.

“En todo caso, resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de ‘crisis humanitaria’ en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación”, expresa Venezuela.

Apenas el informe menciona, de manera parcial, algunas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra Venezuela pero omite y no hace referencia alguna a la actuación de EE.UU. mediante órdenes ejecutivas para dañar la economía venezolana.

No exige a EE.UU. levantar medidas ni devolver recursos

Adicionalmente, Venezuela cuestiona el párrafo 27 del informe, en el que la OACNUDH menciona la “necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica en Venezuela”.  No obstante, se abstiene de subrayar el deber de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

La Oficina no hace ninguna referencia a las prácticas ilegales contra el sistema financiero internacional por el Departamento del Tesoro de EE.UU. que calificó como sospechosas todas las operaciones bancarias realizadas por las dependencias y empresas estatales del Gobierno venezolano, generando prácticas de “over compliance” que se traducen en retardo, rechazo de operaciones, congelación de activos. 

El informe olvida los miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela que han sido “retenidos” en diversas instituciones bancarias en el mundo. Este monto es superior al total de recursos invertidos durante todo un año para la adquisición de alimentos para el pueblo.

Estas omisiones resultan preocupantes e inexplicables, considerando que la OACNUDH ha reconocido oficialmente que “las medidas coercitivas unilaterales consistentes en sanciones económicas pueden tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general de los Estados a los que se aplican tales medidas”.

OACNUDH está obligada a ser imparcial

Venezuela recuerda que la OACNUDH está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran la ONU. Esa objetividad en el análisis solo puede alcanzarse realizando un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado sometido a valoración.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, refiere Venezuela en sus observaciones.

/JB

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