Policías, fiscales y jueces atrapados por el crimen

Después de un estudio realizado relacionado con los cuerpos policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público, Transparencia Venezuela llegó a la conclusión que policías, fiscales y jueces están rodeados debido a la existencia de un débil sistema de justicia que enfrenta al crimen organizado.

El resultado del análisis lo dio a conocer Norma Ferrer, integrante de la ONG, en la sede de la organización en la que también estuvo el penalista Luis Izquiel.

El análisis corresponde a una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Interpol y Transparencia Internacional. El objetivo es contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada, en general, y el narcotráfico en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental, de acuerdo con lo dispuesto en instrumentos jurídicos de derechos humanos e internacionales.

Entre los resultados se destaca “la debilidad institucional para enfrentar el crimen organizado que se ha acentuado en los últimos 20 años en Venezuela y permea la formación integral y ética de muchos jueces, fiscales y policías”, explica el resultado de la investigación.

A eso agrega: “Las instituciones del sistema de justicia penal no son transparentes. La opacidad rige la política de acceso a la información”.

Entre los rasgos revelados por el estudio, que son comunes a policías, fiscales y jueces, el más evidente es la falta de independencia de las instituciones en las que trabajan. En el estudio sobre temas de integridad y la rendición de cuentas de las instituciones de justicia penal, realizado en el contenido del Proyecto Crimjust, “se evidenció que los venezolanos no confían en sus policías, fiscales ni jueces”.

Como no todo es malo, hay un rasgo positivo en cuanto a que este personal tiene buena formación técnica, en especial fiscales y policías, y se fundamentan en un marco legal sólido.

En las tres instituciones analizadas se estableció que comparten otros rasgos negativos, como la falta de un adecuado control externo, opacidad y hermetismo en el manejo de información hacia los ciudadanos e incapacidad presupuestaria y de recursos humanos para ejercer sus funciones. “El nepotismo impera en estos organismos”, agrega el estudio.

El análisis también destaca que el rasgo común entre los funcionarios “es la falta de formación ética” y al referirse al Cicpc indica que la investigación revela que no existe un código propio de conducta o normas sobre ética. “Solo normas que regulan la institución, pero no son suficientes”.

En cuanto al Ministerio Público en su pénsum no se evidencia formación en deberes éticos del cargo.

“La Sala de Casación Penal del TSJ es la institución que presenta más debilidades. A las fallas mencionadas, se suma la desaparición de la carrera judicial e inobservancia de las normas constitucionales en el nombramiento de magistrados”, indica el estudio. También indica: “Los policías, jueces y fiscales son funcionarios desprotegidos”.

Al concluir el análisis, Transparencia Venezuela hace recomendaciones: sugiere que el problema debe atacarse desde la raíz, en los valores y principios que debe tener cada persona que entra a prestar servicio a la función pública, como principios de honradez, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, además de sentido de responsabilidad por las acciones cometidas que puedan perjudicar a otras personas o a la institución.

Considera que los valores éticos deben ser inculcados desde el inicio de la carrera y que haya una formación continua de los funcionarios para obtener bases morales sólidas frente al crimen organizado. 

El Dato

El estudio de la organización Transparencia Venezuela se aplicó a las instituciones que completan las fases de la justicia en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, como organismo de investigación; al Ministerio Público, como órgano de prosecución, y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como órgano de resolución.

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