Los venezolanos invisibles y visibles en Perú

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Los venezolanos invisibles y visibles en Perú

 

Johan Rodríguez (24 años) y su pareja, la peruana Leidy Vasquez (15 años), embarazada de cuatro meses, miran la televisión en la habitación que alquilan por 15 soles (unos cuatro euros) diarios. Antes del estado de emergencia ambos trabajaban como dependientes en diferentes comercios, pero desde mediados de abril, debido a la falta de ingresos, van a pedir comida a las parroquias del centro de Lima. Los dos se ha quedado sin ahorros y ya no saben cómo podrán pagar el alquiler del mes.

En el Perú viven casi 1.000.000 de venezolanos exiliados y la mayoría trabaja en el sector informal sin contratos ni protección laboral. Esto los hace muy vulnerables a los impactos económicos y de salud de la pandemia de Covid-19

Con más de 860.000 venezolanos viviendo en él y alrededor de 394.000 que han solicitado la condición de refugiado, Perú es el primer país de acogida de estas personas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría de ellos, el 86.6%, viven en Lima; y el 93.1% trabajan de manera informal, sin contratos ni protección laboral.

La falta de estabilidad laboral convierte a la comunidad venezolana en Perú en especialmente vulnerable a los impactos económicos y de salud de la pandemia de covid-19. Gastan lo que ganan al día en costear el alojamiento en un hostal en el que pasar la noche, y con el cierre de actividades del país debido a la cuarentena, son muchos los que se han quedado en la calle porque ya no pueden pagar la renta. Su condición de extranjeros sin ingresos e informales, además, les dificulta el acceso al ya de por si precario de sistema de salud peruano.

Alejandro Cepeda (29 años) y su esposa, Jessica Oviedo (27 años), esperan en la avenida Abancay, en el Centro de Lima, el autobús que los llevará hasta el distrito de San Juan de Lurigancho. Llevan consigo sus escasas pertenencias. Ellos fueron desalojados de la habitación que alquilaban por 15 soles (cuatro euros) al día. Antes de la pandemia de la covid-19, Alejandro trabajaba limpiando parabrisas en los semáforos, pero el inicio de la cuarentena hizo que tuviera que dejar de hacerlo. Jessica, por su parte, trabajaba en un restaurante y está embarazada de dos meses.

Sin ningún tipo de ingresos, este colectivo subsiste gracias a la ayuda que recibe de diferentes parroquias situadas en el centro de Lima. La ONG Remar, por ejemplo, reparte cada día una media de 300 almuerzos diarios y la cifra sigue creciendo. A primera hora de la mañana son muchos los venezolanos que hacen su cola para recibir alimentos junto a un grupo de peruanos que están en la misma situación, y aunque no forman parte de ninguna estadística oficial, todos los organismos de ayuda humanitaria que trabajan con ellos coinciden en afirmar que el número se ha incrementado exponencialmente desde el inicio de la pandemia.

En la imagen, Andrés Mendoza y su esposa, Yoli de Mendoza, junto a sus mellizos Alexander y Jeremías, de un año y nacidos en Lima. La familia vivía en Argentina, pero decidió regresar a Venezuela al no encontrar en su nuevo país las condiciones de vida que buscaban. La cuarentena les atrapó cuando atravesaban Perú de regreso a Caracas, motivo por el que tuvieron que quedarse en la habitación que alquila la madre de Yoli en Lima. Ambos han perdido los pasaportes, ya no tienen ahorros y sobreviven gracias a la comida que reciben de las parroquias del centro de la ciudad.

Los migrantes venezolanos en Perú son los grandes ausentes de la agenda social. Al no ser peruanos no reciben el bono social de 760 soles (aproximadamente 200 euros) que el Estado otorga a las familias vulnerables que no pueden salir a trabajar por el estado de emergencia nacional y la situación de excepción relativa al brote de covid-19 que desde el 16 de marzo comprende cuarentena, suspensión de actividades laborales y escolares, cierre de fronteras y toque de queda. Como venezolanos tampoco reciben ningún tipo de atención por parte de la embajada de Venezuela en Perú.

Alberto Mendoza (30 años) -el último de la derecha- espera en la cola, junto a tres peruanos, para recibir la comida que cada día reparte la ONG Remar en el centro de Lima. Él llegó hace año y medio a Perú y trabajaba haciendo las labores de limpieza de un local de la avenida Abancay, hasta que con la cuarentena perdió su trabajo. Al no tener dinero para pagar su cuarto tuvo que abandonarlo y ahora duerme en la calle. Desde que el 16 de marzo comenzara el Estado de Emergencia en Perú, la ONG Remar reparte, de lunes a sábado, unas 800 raciones de comida a peruanos y venezolanos en situación de indigencia.

Las peruanas Olga Condori (29 años) y Alicia Trujillo (33 años), junto a la venezolana Mariela del Valle (23 años), que carga a su bebe de cinco meses, reciben víveres de las monjas del santuario Santa Rosa, en el centro de Lima. Olga y Alicia conocieron a Mariela en la calle, cuando esta pedía ayuda a los pocos transeúntes que pasaban, y decidieron llevarla con ellas a la iglesia para que las monjas también la ayudaran. Mariela vive en Perú desde hace un año. Antes de la pandemia, trabajaba como vendedora en el centro comercial El Hueco, pero con la llegada de la cuarentena se quedó sin empleo. Sin apoyo de nadie, sin ingresos y sin ahorros, Mariela ya no tiene dinero ni siquiera para alimentarse.

Frednaida Pérez (20 años), su hijo y su amiga Ruby regresan a casa con la comida que recibieron de Remar. Ambas llevan en Perú dos años y cuatro meses, son madres solteras y comparten un cuarto alquilado en el distrito de La Victoria, en Lima. Las dos vendían aguas y bebidas gaseosas en la calle, pero tuvieron que dejar de trabajar con el inicio de la cuarentena. Al no tener ingresos con los que pagar su alquiler el dueño de la habitación quiere echarlas a la calle.

Las peruanas Olga Condori (29 años) y Alicia Trujillo (33 años), junto a la venezolana Mariela del Valle (23 años), que da de comer a su bebé de cinco meses, conversan sentadas mientras almuerzan la comida que les dio la Municipalidad de Lima. Ninguna de las tres tiene dinero para pagar el alquiler del espacio en el que viven o para comprar comida, y esperan que termine pronto el confinamiento para poder salir a trabajar y generar ingresos.

Hombres, mujeres y niños esperan en el patio del albergue Sin Fronteras el almuerzo del día. Ubicado en una vivienda de unos 200 metros cuadrados, este refugio del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, acoge en la actualidad a unos 200 venezolanos sin recursos. Los alimentos que reciben son donaciones de distintas instituciones como el Banco de Alimentos.

Javier Navea junto a su esposa, Arameli Rodríguez, y sus dos hijas, Javieris (seis años) y Navea (tres años), en la pequeña habitación que ocupan en el albergue Sin Fronteras. Javier trabajaba en una llantería pero lo despidieron cuando se inició el aislamiento obligatorio. Él relata con tristeza la xenofobia que ha sentido desde que llegó al país y, por ese motivo, ha pensado regresar a Venezuela cuando termine la pandemia y abran de nuevo las fronteras.

El País

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