Las cárceles venezolanas: nidos de corrupción, torturas y muerte

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Las cárceles venezolanas: nidos de corrupción, torturas y muerte

Solo en el primer semestre de 2019 murieron casi 150 presos en calabozos policiales y militares debido al abandono del régimen y la violación a Derechos Humanos.

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Las cárceles venezolanas no cuentan con el acondicionamiento adecuado para los presos, y juntan a criminales comunes con presos políticos. Foto: EFE
Las cárceles de Venezuela se han convertido en fosas comunes o lugares donde por el abandono del régimen de Maduro te condenan a pena de muerte. Durante el primer semestre de este año, murieron casi 150 presos en calabozos policiales y militares.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, desde que se creó hace ocho años el Ministerio de Prisiones, han muerto 2 700 personas detenidas, las cuales se suman a otras 4 500 muertes en el período Chávez, para un total de 7 200 reclusos que han perdido la vida por las condiciones carcelarias.
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@HUMBERTOPRADOS director del Observatorio Venezolano de Prisiones: “Dicen que tienen el mejor sistema penitenciario del mundo y se le mueren las personas por salud, es porque no les brindan el tratamiento”. por: http://goo.gl/kQzJBx 

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Un informe publicado por la ONG Una Ventana a la Libertad, 19.208 presos enfrentan graves condiciones precarias donde el hacinamiento supera el 500%. Venezuela no cumple con los estándares internacionales, pues debe haber al menos un custodio por cada 10 reclusos.
Explica la organización que esos más de 19 mil presos se encuentran detenidos en tan solo 2014 calabozos, que fueron creados para 3.704 personas.
Según la organización en Venezuela 149 presos murieron en los centros de detención preventiva distribuidas en 16 estados del país, en lo que va del primer semestre del año 2019.
Según el documento, en cuatro estados del país hubo 22 intentos de fugas y 14 fugas se dieron en seis estados, mientras que 153 detenidos sí lograron evadirse.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, informó también que la mayoría de las muertes en los calabozos fue atribuido a «situaciones de salud» y otro 31% a violencia.
Prado indicó que enfermedades como la tuberculosis fueron «la primera causa de muerte» entre la población penal, que además padece de hepatitis, malaria y sida.
Magaly Huggins, psicólogo social informó que la convivencia «de personas sanas con enfermas es una causa de contaminación permanente que está detrás de las 20 muertes por enfermedades», explicó que la mayoría de ellas son prevenibles y curables.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro hace silencio ante el centenar de muertes en las cárceles de Venezuela, hay que recordar a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que «las muertes de los presos no son de su competencia».
En 2018, tras un motín en una comisaría en Valencia, capital de Carabobo, surgió un incendio que no fue controlado por las autoridades y que dejó decenas de fallecidos.
Varela dijo que lo sucedido en las celdas de la Policía de Carabobo no es su responsabilidad porque supuestamente «no le corresponde al Ministerio Penitenciario»; señaló que es «función policial». Asímismo reiteró que Venezuela «hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo».
La realidad es que la impunidad y el retardo en los procesos judiciales han generado un hacinamiento histórico en las cárceles y comisarías de la policía de Venezuela; estas últimas que deberían servir para detenciones de manera temporal se han convertido en centros de reclusión permanente por la sobrepoblación en otros centros penitenciarios.
De acuerdo con normas de estándar internacional, cuando el Estado detiene a una persona, tiene una obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos; sin embargo, en Venezuela caer detenido significa caer en el olvido y en la desidia, a tal punto de correr el riesgo de morir, ya sea por desnutrición, enfermedades infecciosas, motines y hasta incendios.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien también es defensor de Derechos Humanos, señaló que lo que sucede en Venezuela es que a pesar de ser ilegal la pena de muerte, pareciera que también es política de Estado.
“Es un hecho reiterado y responsabilidad del Estado, del régimen y su inhumano sistema carcelario (…) aunque en el país la pena de muerte fue abolida en 1863, en Venezuela de facto existe esta condena”; sentenció.
En 2016 se conoció que las cárceles en Venezuela alojan fosas comunes. En esa oportunidad el diario Últimas Noticias citó a reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela que aseguran que los llamados pranes “rompen el piso, meten los cuerpos, les echan cal y tapan otra vez con cemento”.

Presos políticos tratados como presos comunes

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, en el país suramericano hay 550 presos políticos; la mayoría de ellos tratados y hacinados junto a presos comunes.

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La situación de los presos políticos es tan grave como la de los detenidos por delitos comunes, pues no solo son abandonados sino que además son torturados hasta morir.
La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas opera como uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, donde más de cien reos, entre ellos veinte militares de alto rango, permanecen aislados en sótanos sin ventilación, ni luz solar; donde viven una pesadilla que muchos jamás imaginaron.
Hay más de 160 militares detenidos por razones políticas, los imputan de «Traición a la Patria» porque es la causa que acarrea más años de presidio.
Decenas de informes revelan los métodos de tortura que implementa la dictadura contra la disidencia; pero sobre todo, algunos señalan que la mayoría de los victimarios son de nacionalidad cubana que llegan al país suramericano para atentar contra la vida de los presos políticos venezolanos.
Fue en 2018 cuando la ONG internacional Instituto Casla documentó 190 casos de tortura, donde al menos once de las víctimas aseguraron que sus represores son agentes extranjeros, específicamente de Cuba.
Los relatos señalan que los abusos se cometen principalmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la cual depende de la Vicepresidencia de Venezuela y donde justamente fue torturado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo quien fue asesinado.
De acuerdo con el documento, los métodos más comunes son: palizas, encadenamiento y ahogamiento simulado. Asimismo los torturadores presuntamente utilizan gases lacrimógenos y descargas eléctricas para interrogar a los detenidos.

Universidades del delito

Pero mientras los presos políticos son torturados y asesinados, en las cárceles de Venezuela «el bueno sale malo y el malo sale peor»; se han convertido en «universidades del delito».
Para Humberto Prado, en el caso de las cárceles venezolanas las autoridades no pueden hablar de «ningún logro» ni de tener «el mejor sistema penitenciario del mundo», en vista de no haber resuelto problemas como el hacinamiento, el retardo procesal, la violencia, la salud, y el tráfico de armas y drogas en los centros de reclusión.
El informe de la ONG Una Ventana a la Libertad reveló que en 46% de los centros de detención preventiva, los custodios cobran por el ingreso de alimentos, bebidas y medicinas para los detenidos, pese a la ausencia de una dieta diaria y atención médica oportuna.
Y es que las cárceles en el país suramericano enfrentan dos realidades diferentes. Por un lado están aquéllas que han sido olvidadas junto a sus presos, y por el otro lado están los centros de reclusión que en realidad se han convertido en centros de entretenimiento, sobre todo, para los pranes o líderes criminales.
Hoy los recintos penitenciarios en el país cuentan con pranes (líderes carcelarios, en algunos penales hay uno principal y varios secundarios por sectores, que le rinden cuentas) que ejercen el control; desde las cárceles se planifican y se cobran secuestros vía telefónica, se cobra rescate por vehículos robados, cobran pagos semanales a los otros reos como “vacuna” para poder vivir y estar en los recintos carcelarios del país.
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel dijo a PanAm Post  que «las cárceles venezolanas no rehabilitan sino que son escuelas de delincuentes». Aseveró que hay recintos penitenciarios como la cárcel de Tocorón que funciona más bien como un «club vacacional».
La cárcel de Tocorón cuenta por ejemplo con discotecas, bancas para apostar, piscina, el restaurante “La sazón del hampa”, etc., pareciera que la delincuencia no va a pagar una pena sino a pasar vacaciones.
En la cárcel ubicada en la isla de Margarita sucede lo mismo. Lo que debería ser una cárcel se ha convertido en un lugar para relajarse y desconectarse del exterior; los presos se comportan de una manera excepcional, sus familiares tienen la posibilidad de vivir con ellos, pues todos conviven armoniosamente.
Los reos en este lugar tienen varias piscinas y restaurantes, conexión libre de Internet, un campo de béisbol, una gallera, grupos musicales y hasta un DJ que ameniza las fiestas los fines de semana. En algunas de estas cárceles del país, los presos no sufren la escasez de alimentos; pero todo depende del pran que esté al mando, pues cada recinto tiene sus propias normas.

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