La Corte Penal Internacional no tiene cómo venir a Venezuela, advierte experta

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La Corte Penal Internacional no tiene cómo venir a Venezuela, advierte experta

La Corte Penal Internacional no tiene cómo venir a Venezuela
Thairi Moya, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, advierte que en Venezuela no existe una ley que permita el ingreso de la Corte Penal Internacional y que la oposición no aprovechó la ausencia del PSUV en la AN para sancionarla

Si se desea juzgar a quienes cometan, en Venezuela, crímenes contra los derechos humanos (DDHH) regulados por el Derecho Internacional es necesario modernizar la normativa penal, militar y constitucional vigente, asegura Thairi Moya.
Recientemente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales bautizó su libro (de 600 páginas) La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela, donde la experta aborda aspectos que estima de contundente actualidad y que, a su juicio, deberían ser asumidos “con urgencia” por la Asamblea Nacional, refiere el portal El Ucabista.

La Corte Penal Internacional

“En mi obra propongo la necesaria modernización de la normativa penal, militar y constitucional para juzgar la comisión de los crímenes cometidos, regulados por el derecho internacional”, dijo Moya durante su discurso ante la Academia.
Añadió que esto comienza a través del establecimiento de un sistema de responsabilidades que inicia desde el Poder Ejecutivo hasta alcanzar a todo aquel que participe en la comisión de un crimen internacional.
“En la obra se repasan los grados de dolo y culpa, así como las autorías y la participación en la comisión de crímenes internacionales de acuerdo al derecho internacional penal”, agregó.
Dijo que para ello realizó un estudio crítico y comparativo de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales internacionales, así como de los diferentes ordenamientos jurídicos de occidente.
“Bajo este paraguas se evaluó también la inclusión de la responsabilidad del superior de iure o de facto civil y militar, el sistema de órdenes, así como la modernización de los manuales y normativa en materia militar, porque inclusive, por ejemplo, el Código Orgánico de Justicia Militar carece de penas para los crímenes cometidos en virtud de lo regulado por los acuerdos de Ginebra del año 1949”, detalló Moya.
Explicó que en su obra propone cómo establecer las responsabilidades de los superiores de todo aquel que sea parte de grupos subversivos y/o de grupos guerrilleros.
“La finalidad de estas reformas es el necesario fortalecimiento de nuestro ordenamiento jurídico para que nuestros ciudadanos sean protegidos contra toda forma de violación a sus derechos como de ser víctimas de crímenes internacionales”, subrayó Moya.
Sobre las críticas contra la Corte Penal Internacional porque, supuestamente, da largas para abordar el caso de Venezuela, Moya asegura que la fiscal de la CPI no es complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Creo que hay un gran desconocimiento de cómo funciona la CPI. Para que la CPI pueda realizar las investigaciones que está llevando a cabo sobre Venezuela se requiere, obligatoriamente, una Ley de Cooperación. Eso sí lo dice claramente el Estatuto de Roma en su artículo 85, que los Estados parte tienen el deber de adecuar su normativa al Estatuto de Roma”, advierte.
Añade que la CPI no tiene forma de entrar a Venezuela porque nuestro país carece de una estructura de investigación y de enjuiciamiento, así como de la normativa pertinente para desarrollar ese tema.
“Todavía la CPI podría decir: les voy a permitir que juzguen bajo su normativa penal vigente los crímenes cometidos; pero la CPI no tiene cómo venir a Venezuela porque no hay una ley que lo permita. Ese es un trabajo que debería hacer urgentemente la Asamblea Nacional: crear la Ley de Cooperación con la CPI, que además está en su seno”, asegura.
Para Moya es la aprobación de la Ley de Cooperación es un trabajo que deberían hacer urgentemente los sectores democráticos que hacen vida en la Asamblea Nacional.
“Es su obligación y no aprovecharon la ausencia del PSUV para aprobarla. La Ley de Cooperación con la CPI es urgente. Tenemos un examen preliminar y estamos en observación y eso permitirá a la CPI que tenga cómo moverse, cómo contactar con las ONG, eso permitiría que ese examen sea más digerible para la CPI. Ahora hay interés en la CPI, pero en Venezuela nunca hubo preocupación por formar expertos en estos temas. Ahora hay que empezar de cero”, alertó.

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