Geraldine Chacón, dos meses incomunicada

Geraldine Chacón, dos meses incomunicada


¿No hay ninguna consecuencia para aquellos funcionarios que incumplan o impidan la ejecución de las decisiones de los tribunales?

      Sinceramente no me gustaría estar en los zapatos de un juez o de un fiscal del Ministerio Público cuando sus decisiones  son ignoradas, postergadas, burladas, “baypaseadas” o ir  respetadas  por funcionarios policiales de cualquier nivel, trátese del director de un cuerpo, de 

un comisario, un inspector o simplemente un detective.          
No debe ser nada más dañino a la autoestima de un juez que una orden de encarcelamiento, de allanamiento o de libertad no se cumpla porque algún “chivo pesado” se opone o se hace el sueco . Ni para un fiscal del Ministerio Público o un funcionario de la Defensoría del Pueblo que tampoco se le permita cumplir con sus obligaciones. Debe ser terrible. Algo parecido a lo que nos pasa a los comunicadores sociales cuando la censura aparece con su rostro salvaje, cuando se nos niega el acceso a un lugar donde ha ocurrido un hecho noticioso, o simplemente cuando sabemos que “ese tema no se toca porque no se puede”. 

      En días recientes tuve contacto con los familiares de la joven Geraldine Chacón, quien ya tiene alrededor de 65 días presa en la sede del Sebin, sin recibir visitas de sus abogados, sin poder ver a suspadres y otros familiares o amigos. Entrevisté en mi programa de radio a su señora madre, Naty Villarroel, quien desesperada y triste nos contó su viacrucis. Dos meses sin ver ni hablar con su hija de 24 años, sometida a una ruda  incomunicación. Cero visitas, ni siquiera del abogado. Una detención por razones políticas. En cambio, a Wallid Makled, preso por acusaciones de narcotráfico, se le permitió grabar un video que incluso recibió amplia difusión. Vaya vaya… 

      En vista de mi compromiso con el tema de derechos humanos porque fui presidente de la Sub comisión de Derechos Humanos del antiguoCongreso, y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la-esa sí -legítima Asamblea Nacional Constituyente de 1999, me llegan 

muchas denuncias. Y mi condición de hijo de un ex preso político me lleva a preocuparme y ocuparme hasta donde pueda. Pues bien, el día 2 de abril el Poder judicial cumplió con emitir una decisión de libertad para la joven Geraldine, con medidas sustitutivas. La firma el juez 

Freddy Pérez Alvarado, titular del Juzgado 31 de primera instancia estadal en funciones de Control  del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Y, al menos al momento de escribir esta nota, no había sido ejecutada esa decisión. 

      Le comenté el caso a alguien del Ministerio Público, y la respuesta es que hay que tener paciencia. Muy bien. Lo entiendo. Pero hay cosas que atentan contra esa sana recomendación. Una de esas cosas es el caso del concejal tachirense José Vicente García Ramírez, quien, según me cuentan sus familiares, con prueba en mano, tiene una boleta de excarcelación desde el 20 de diciembre de 2016. Es decir, dieciséis meses han transcurrido y no se cumple la  decisión del juez Octavo de Control del Estado Táchira, Eliseo José Padrón Hidalgo. 

      ¿Es esto correcto? ¿Se puede hacer eso en una democracia que se respete? ¿Las decisiones de los jueces pueden ser ignoradas, incumplidas, violadas o irrespetadas por funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? ¿No hay ninguna consecuencia para aquellos funcionarios que incumplan o impidan la ejecución de las decisiones de los tribunales? ¿Quién responde? 

     A esta situación se le suma la incomunicación como práctica cotidiana, en franca violación a derechos humanos fundamentales contenidos en nuestra aporreada Carta Magna y en los tratados y convenios en materia de derechos humanos suscritos por la República . El caso de Geraldine Chacón es apenas uno de ellos. Dos meses y días incomunicada. Le ocurre a presos políticos y le ocurre a presos comunes. Y todo porque tienen vigencia reglamentos que ignoran el texto constitucional,como lo ignoran y lo violan quienes, aun sin que exista nada que los respalde, dan órdenes para que determinados detenidos no reciban visitas ni siquiera de sus abogados. 

    Eso pasa en la Venezuela de hoy, donde el gobierno reclama detenciones arbitrarias y condiciones de reclusión atentatorias contra la dignidad humana, siempre y cuando ocurran fuera de nuestro territorio o en países “hostiles”, pero nada hace por actuar apegado a 

sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

     Señor presidente  Nicolàs Maduro. ¿Usted que estuvo preso e incomunicado en la vieja Disip, no podrá hacer algo para que cesen esos abusos, aunque sea como parte de su campaña electoral?

  • Vladimir Villegas 

    09/04/2018 – VENEPRESS

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