
un comisario, un inspector o simplemente un detective.
En días recientes tuve contacto con los familiares de la joven Geraldine Chacón, quien ya tiene alrededor de 65 días presa en la sede del Sebin, sin recibir visitas de sus abogados, sin poder ver a suspadres y otros familiares o amigos. Entrevisté en mi programa de radio a su señora madre, Naty Villarroel, quien desesperada y triste nos contó su viacrucis. Dos meses sin ver ni hablar con su hija de 24 años, sometida a una ruda incomunicación. Cero visitas, ni siquiera del abogado. Una detención por razones políticas. En cambio, a Wallid Makled, preso por acusaciones de narcotráfico, se le permitió grabar un video que incluso recibió amplia difusión. Vaya vaya…
En vista de mi compromiso con el tema de derechos humanos porque fui presidente de la Sub comisión de Derechos Humanos del antiguoCongreso, y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la-esa sí -legítima Asamblea Nacional Constituyente de 1999, me llegan
muchas denuncias. Y mi condición de hijo de un ex preso político me lleva a preocuparme y ocuparme hasta donde pueda. Pues bien, el día 2 de abril el Poder judicial cumplió con emitir una decisión de libertad para la joven Geraldine, con medidas sustitutivas. La firma el juez
Freddy Pérez Alvarado, titular del Juzgado 31 de primera instancia estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Y, al menos al momento de escribir esta nota, no había sido ejecutada esa decisión.
Le comenté el caso a alguien del Ministerio Público, y la respuesta es que hay que tener paciencia. Muy bien. Lo entiendo. Pero hay cosas que atentan contra esa sana recomendación. Una de esas cosas es el caso del concejal tachirense José Vicente García Ramírez, quien, según me cuentan sus familiares, con prueba en mano, tiene una boleta de excarcelación desde el 20 de diciembre de 2016. Es decir, dieciséis meses han transcurrido y no se cumple la decisión del juez Octavo de Control del Estado Táchira, Eliseo José Padrón Hidalgo.
¿Es esto correcto? ¿Se puede hacer eso en una democracia que se respete? ¿Las decisiones de los jueces pueden ser ignoradas, incumplidas, violadas o irrespetadas por funcionarios que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? ¿No hay ninguna consecuencia para aquellos funcionarios que incumplan o impidan la ejecución de las decisiones de los tribunales? ¿Quién responde?
A esta situación se le suma la incomunicación como práctica cotidiana, en franca violación a derechos humanos fundamentales contenidos en nuestra aporreada Carta Magna y en los tratados y convenios en materia de derechos humanos suscritos por la República . El caso de Geraldine Chacón es apenas uno de ellos. Dos meses y días incomunicada. Le ocurre a presos políticos y le ocurre a presos comunes. Y todo porque tienen vigencia reglamentos que ignoran el texto constitucional,como lo ignoran y lo violan quienes, aun sin que exista nada que los respalde, dan órdenes para que determinados detenidos no reciban visitas ni siquiera de sus abogados.
Eso pasa en la Venezuela de hoy, donde el gobierno reclama detenciones arbitrarias y condiciones de reclusión atentatorias contra la dignidad humana, siempre y cuando ocurran fuera de nuestro territorio o en países “hostiles”, pero nada hace por actuar apegado a
sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Señor presidente Nicolàs Maduro. ¿Usted que estuvo preso e incomunicado en la vieja Disip, no podrá hacer algo para que cesen esos abusos, aunque sea como parte de su campaña electoral?
- Vladimir Villegas
09/04/2018 – VENEPRESS
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