El otro y mayor crimen de lesa humanidad

Un lúgubre toque de muertos, con Maduro y sus ministros de mandantes, resuena a lo largo y ancho del país, y no es literatura. Veinte, cincuenta, cien venezolanos –quién sabe–son enterrados a diario víctimas de muerte prematura por carencias alimenticias o médico-farmacéuticas. Carencias que no son ni fatalidad natural ni obra de satánica injerencia foránea sino producto de políticas insensatas y mortíferas de los gobiernos chavistas. “La bacteria Serratia marcescens sigue matando niños en el hospital Zubillaga de Lara”; “Otros tres trasplantados del riñón mueren en cuatro días por falta de inmunosupresores”. “El gobierno ha creado el mejor caldo de cultivo para los ilícitos farmacéuticos” declara la Federación Farmacéutica de Venezuela, “no se consiguen fármacos de alto costo…, pero son ofrecidos por canales informales, sin registro sanitario…; los pacientes, en su desesperación, los adquieren sin sopesar los riesgos…; la escasez de fármacos se ubica en 90% y durante el pasado mes de enero se registró un aumento en su precio entre 1.000% y 3.000%… la desesperación es tal que incluso hay quienes buscan alternativas como los curanderos”.

Algo queda de medicamentos, pero delictivamente acaparados y otorgados por el régimen a cambio de fidelidad política. Lo denuncia un corresponsal de El País: “Maduro inventó el servicio 0800SaludYa, pero al llamar, lo primero que te solicitan en el carnet de la patria, violando los principios internacionales de ayuda para el acceso a medicamentos”. La Asociación Venezolana para la Hemofilia señala la muerte a granel de pacientes por falta de antihemofílicos… precisando “la existencia de 349 casos en peligro inminente de perder la vida” y añadiendo que “los hospitales no disponen ni de comida ni agua potable, los propios pacientes tienen que desinfectar sus habitaciones, y los centros médicos se convierten en un caldo de cultivo para las infecciones bacteriológicas de las que mueren enfermos y especialmente recién nacidos”.

Un directivo de Codevida calcula que “hay en el país al menos 3 millones de pacientes a punto de perder sus vidas por la escasez de medicamentos y tratamientos… pero negar la realidad del país es parte de la política de Estado del presidente”, mientras Cáritas señala la existencia de hasta 380.000 menores de edad en riesgo inminente de fatal inanición por no tener qué comer. Otros denuncian que 16.000 pacientes están próximos a morir por el cierre de las unidades de diálisis, que 5.660 mujeres con cáncer de mama diagnosticadas anualmente no tienen acceso a quimioterapia (lo que genera 6 fallecimientos diarios), que hay en el país 80.000 enfermos de sida (“nos han sentenciado a muerte –afirma uno de ellos– por el orgullo de negarse a reconocer su fracaso político”), 43 de los cuales han muerto en lo que va del año solo en el pequeño estado Carabobo.

En los años cincuenta del pasado siglo fuimos certificados como el primer país del mundo en erradicar la malaria; hoy la OMS registra en Venezuela el mayor incremento mundial de esa enfermedad: 406.000 en 2017 con “casos entre la población de refugiados venezolanos que llegan a Brasil, Colombia, Ecuador y otros lugares”. También el rebrote de sarampión es “el más grande de América Latina”, asegura esta vez la OPS, y los 40 muertos por difteria entre enero y abril de 2018 igualmente nos ponen a la cabeza regional de esa enfermedad, delante de Haití. El boletín epidemiológico de 2016 –cuya publicación le costó el cargo a la ministra de Salud– señalaba para ese año la muerte de 11.466 neonatos y de 756 mujeres embarazadas, con un incremento respectivamente de 30,12% y de 65,78% sobre 2015.

Para la Federación Médica Venezolana, los principales hospitales del país tienen menos de 5% del material necesario para una normal atención médica, y su presidente, Douglas León Natera, declara: “Reaparecen enfermedades superadas: el dengue quedó erradicado en 2002 y en 2017 tuvimos más de 63.000 casos”… más de 4.000 casos de tuberculosis pulmonar y un acelerado aumento de la malaria… Estas son las razones por las que usamos el término de holocausto de la salud: el gobierno ha mantenido a los hospitales en una situación precaria…”. Médicos para la Salud denuncia al efecto que en 2017 los hospitales públicos presentaban 78% de escasez en medicamentos, 75% en materiales médico-quirúrgicos y 76% en catéteres y sondas. Recordemos 2 símbolos emblemáticos del drama: el caso de Belkis Solórzano, trasplantada del riñón, quien logró lanzar por TV una desesperada cuan inútil solicitud de remedios pocas horas antes de morir, o el trágico clímax de Annette A., la abuela de Puerto La Cruz cuidadora de nieta discapacitada, que ante la imposibilidad de conseguirle remedios la mató para luego suicidarse.

La hambruna también colabora muy activamente con el envío prematuro de venezolanos a la última morada y resucita ancestrales comportamientos que se creían superados por la civilización, como el de los padres que abandonan sus vástagos por no tener con qué alimentarlos. Fundana informa haber recibido en 2017 a 144 niños abandonados y gravemente desnutridos; el Washington Post ha señalado recientemente que “debido a la crisis y escasez que se vive en Venezuela, los padres han llegado al extremo de abandonar a sus hijos… dejándolos en estaciones del Metro, hospitales, vías públicas y orfanatos” (de estos días es el hallazgo en Puerto Ordaz de un niño de 1 año en condiciones desesperadas, abandonado por sus padres en la vía dentro de una caja de cartón). La Fundación Bengoa y la UCV precisan al respecto que 12% de la población come una sola vez al día.

El anestesiólogo Fabio Fuenmayor describe así este dies irae criollo: “La gente se está muriendo en las calles como en el siglo XVIII por enfermedades infecciosas, contaminación en los hospitales, falta de prevención, de tratamientos curativos y paliativos. Sí, la gente está muriendo de mengua en las calles. ¿Qué puedes esperar, si está comiendo de la basura?, y el diputado Barrientos ha denunciado recientemente: “En Venezuela hay un exterminio impulsado por el Estado venezolano, miles de pacientes con HIV tienen sus días contados porque en el país no hay tratamientos antirretrovirales, no hay fármacos para quienes mueren por falta de antihipertensivos, ni para diabéticos o quienes necesitan hemodiálisis y diálisis peritoneal, que parecen estar condenados a muerte… estamos hablando de crímenes de lesa humanidad inducidos y orquestado por el propio gobierno que irrespeta un derecho fundamental consagrado en la Constitución nacional, como lo es el derecho a la vida”.

Como en las épocas pico de pasadas pandemias, este inacabable rosario de obituarios está hoy tristemente instalado en el panorama de lo cotidiano venezolano convertido en ordinaria normalidad, se ha banalizado y vuelto cada día menos significante para políticos y observadores nacionales y no nacionales.

¿Existirán realmente las conspiraciones internacionales y las guerras económicas que denuncia el régimen, o son los dos gobiernos chavistas real y sustantivamente responsables de la estragadora hambruna y del colapso sanitario-farmacéutico que padece el país? Lo primero es manipulación, lo segundo cierto. En resumen:

Alimentos: tras confiscar a privados cientos de miles de hectáreas y cientos de empresas alimentarias (hoy casi todas improductivas), y hacerle la vida imposible a las industrias nacionales del ramo, tuvo Chávez hacia 2005-2006 (tal vez con la intención de asestar el golpe final a la iniciativa privada agro-industrial) la insensata idea de importar la casi totalidad de los alimentos consumidos en el país. Nació la llamada por la sabiduría popular Pudreval, una espantosa mezcla de corruptelas y furibundo saqueo del erario público. Un episodio apenas de lo que fue aquello: entre noviembre 2007 y julio 2008, Bariven pagó (con sobreprecio incluido) 2.248.000.000 dólares por la adquisición de 1.057.531 toneladas de alimentos; solo 266.571 de esas toneladas ingresaron al país; solo 143.866 (13,6%) llegaron a manos del consumidor. Entre los subproductos de esa megagaláctica estafa, la siguiente: tan solo en Puerto Cabello aparecieron un día 3.275 containers con 122.000.000 de kilos de alimentos totalmente putrefactos. Diligentes ONG han calculado que decenas de millardos de dólares fueron robados y que 14% apenas de los alimentos adquiridos en el extranjero por el chavismo llegó al consumidor.

¡Nada, pues, de conspiraciones del imperio contra el impoluto socialismo del siglo XXI! Semidestruida la producción nacional, seminaufragada en el saqueo la política de importación de comida, se instaló con fuerza la crisis alimentaria. La sensatez, el criterio de justicia distributiva, la experiencia histórica y una brizna de honestidad debieron en aquel momento sugerir a Chávez que la hora había llegado de implantar en el país la libreta o cartilla de racionamiento (en Cuba existe desde 1962), única manera honesta de distribuir la escasez entre todos por igual. Pero la política del “aquí no pasa nada”, de acusar el derecho a la mirada ajena de “injerencismo”, de fingir ante el mundo normalidad interna, es axiomática y permanente dentro del chavo-madurismo, maestro en neolengua orwelliana aprendida de los cubanos (presidiendo la asamblea espuria, Delcy Rodríguez tuvo el supremo cinismo de declarar el 11-12-2017 que “en Venezuela no hay hambre, no hay crisis humanitaria, hay amor”, y Maduro ha osado afirmar repetidamente que “este país no requiere ayuda humanitaria, es un cuento falso… no es un país mendigo”… es la oposición la que sabotea la distribución de alimentos y medicinas en el país”).

Resultado de aquella doble deshonestidad, saqueos y cero libreta, es la catástrofe actual: producción de alimentos nacionales en baja indetenible, desaparición y contrabando de productos regulados, importaciones menguantes por insolvencias gubernamentales, colas interminables en los abastos, repugnante “bachaqueo” de alimentos, pequeño “holomodor” criollo (cajas CLAP, de pésimos alimentos, solo para chavistas con carnet de la patria), obligación al fabricante de entregar al Estado un porcentaje creciente de su producción, ofendido rechazo de cualquier ayuda foránea, inflación de cuatro ceros que requeriría cientos de sueldos básicos para pagarse una canasta alimenticia al mes, pensiones de vejez que dan para medio kilo de tomate mensual, muertos de depauperación de los que nada se sabe porque no son noticia (mientras escribimos, se informa de siete niños fallecidos en el hospital de Maracaibo por desnutrición), gente que no muere de mengua gracias a la ayuda de familiares expatriados.

Crisis farmacéutico-hospitalaria: estando en vida, Chávez siempre manifestó –y dejó en herencia al que Cuba escogió para sucederle– una ceguera radical a la existencia, eficacia, eficiencia y mantenimiento de los servicios públicos. Todos están hoy al borde del colapso final por pertinaz desidia gubernamental: agua, combustibles, electricidad, comunicaciones civiles, transportes públicos, basura, correos, aviación civil, marina mercante (la liquidó de cuajo), gas y otros. Entre estos la salud –en flagrante violación de los artículos 83 y 84 de la Constitución que la define “un derecho social fundamental, obligación del Estado que la garantizará, y del 438 del Código Penal– en una Venezuela que la democracia había dotado de una red de casi 250 centros de salud y de excelentísimos médicos (hoy emigrados por miles). De las casi 50.000 camas hospitalarias disponibles, se dice que quedan 18.000 y solo Dios sabe en qué condiciones (en el Universitario de Caracas, ex orgullo nacional, han aparecido colchones repletos de gusanos…), mientras las imágenes de los hospitales públicos difundidas por los medios documentan situaciones apocalípticas e infrahumanas que ya la propia África dejó atrás.

En estas condiciones vive el país desde hace años; las víctimas mortales de esta segunda y ya endémica penuria se multiplican día tras día, pero el régimen, ya sin recursos para una importación masiva de medicamentos, ha rechazado con falsa indignación toda ayuda humanitaria foránea (como las del PNUD y del gobierno brasileño) por considerarlas oficialmente una suerte de antesala a la invasión del país. Esa visión fóbico-militarista inaugurada cuando la vaguada de Vargas en enero 2000 por un Chávez que botó a su ministro de la Defensa por haberla solicitado, es hoy doctrina oficial (¡muera quien muera, qué importa!) esencialmente por obra del actual ministro de la Defensa, Padrino López, quien en octubre 2015 comenzó a identificar “crisis humanitaria” y “canal humanitario” con “plan preconcebido de injerencismo imperialista”, precisando en 2017 que 1)“la crisis la está provocando el imperio y sus seguidores nacionales apátridas” y 2) que “los que estamos vestidos de verde, de patriotas… sabemos que lo que está detrás de una intervención de carácter humanitario… es una intervención desnuda…”; simplona pero mortífera doctrina inmediatamente confirmada por el presidente Maduro: “Las acciones de violencia y terroristas… de 2017… buscaban generar una crisis humanitaria para justificar la intervención y ocupación militar imperialista en el país… hay una campaña mundial dirigida desde Washington para planear una intervención extranjera con la excusa de una supuesta crisis humanitaria”. Es desde luego esa “doctrina”–que viene produciendo miles de muertes prematuras– la que bloquea la traída de remedios y no una satánica conspiración externa, y lícito es preguntarse qué demencial y cruel proyecto ideológico es aquel que sigue regalando decenas de miles de barriles diarios de petróleo a Cuba mientras deja morir por montones compatriotas que pudieron salvarse con una parcela de aquella riqueza botada.

La perseverante y severa observación internacional del caso Venezuela, que tanto irrita al dictador de Miraflores, ha producido en estas semanas reacciones apenas simbólicas, como el bloqueo a selectos jerarcas del chavismo de bienes (lamentablemente nunca cuantificados) y el cierre de fronteras, y por otro lado tres documentos de alta significación y peso específico los cuales no recibieron de los medios nacionales toda la penetrante atención que se merecían. Se trata de los tres informes sobre violaciones de derechos humanos practicadas por las dictaduras venezolanas, respectivamente enviados a la Corte Penal Internacional CPI de La Haya, el 15-11-2017 por la fiscal en ejercicio Ortega, el 29-05-2018 por el secretario general de la OEA Luis Almagro (quien confiara su redacción a eminentes personalidades internacionales por encima de toda sospecha), y el 21-06-2018 por Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado ONU de Derechos Humanos, un jordano de impactante curriculum y específica experiencia, cofundador de la propia CPI. Tres acusaciones convergentes respectivamente generadas desde el nivel nacional, regional e internacional que, juntas, pudieran formar masa crítica y finalmente sentar a Maduro en el banquillo de la CPI para una eventual condena como fue el caso de Thomas Lubanga, Germain Katanga y Slobodan Praljak. (Recordemos de paso que los siete países tradicionalmente alérgicos a controles de lo nacional por organismos internacionales: Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak no han ratificado el Estatuto de Roma creador de la Corte, y que Hugo Chávez fue de los primerísimos en ratificarlo el 07-05-2000).

Pese a su carácter valiente, irrefutable y oportuno, que los hace merecedores de la gratitud de los demócratas venezolanos, los tres documentos adolecen de una debilitante carencia: se limitan a denunciar los crímenes de asesinato, indebido encarcelamiento, invalidación política de opositores prominentes, uso desproporcionado de la fuerza represiva, tortura e impedimentos varios al libre ejercicio de la disidencia, reunión, manifestación y expresión. Para ello, solo toman en consideración los apartados a), b), e), f) , h) e i) del artículo 7 de los Estatutos de la CPI en que se enumeran las once acciones definibles como “crímenes de lesa humanidad”, descuidando por completo el decimoprimer literal k) que incorpora a las lista de dichos crímenes “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Esta definición adoptada por la comunidad internacional, vigente y aplicable desde el 1 de julio de 2002, permite definir a todos los efectos como crímenes de lesa humanidad los dos peores delitos cometidos por el chavo-madurismo contra la población venezolana: haber generado por mal y corrupto gobierno un prolongado estado de hambruna nacional y una no prestación de ayuda propia o de terceros a necesitados de asistencia médico-farmacéutica, causando miles de muertos entre la población.

Desde el ángulo jurídico, este doble crimen chavista de lesa humanidad por generación de hambruna y desasistencia sanitaria corresponde a lo que en los viejos códigos penales se definía como delito de “no prestación de auxilio a persona o sociedad en peligro” cuyas penas en la legislación francesa son incluso aplicables “a quien impida la prestación del socorro”. Pues bien: el doble delito chavista antes tipificado es igualmente contemplado en nuestro propio Código Penal, cuyo artículo 438 prevé penas para quien “habiendo encontrado persona… en situación peligrosa… haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona”, mientras que su artículo 195 recoge el principio francés de incriminar por igual a quien impide el socorro de terceros, condenando de 3 a 12 meses de prisión el “no solicitar auxilio ajeno con urgencia”.

La CPI abrió un primer examen preliminar de la grave situación venezolana el 8 de febrero 2018, y los encargados de ese dossier preliminar son los jueces que deben estar ahora procesando las citadas denuncias de la fiscal general, de la OEA y de la ONU. No se tiene conocimiento de que los examinadores de la corte hayan recibido otras denuncias específicamente relacionadas con los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los regímenes chavistas, del tipo previsto en el literal k) del artículo 7 de los Estatutos de Roma, pese a que estos han ocasionado en Venezuela un número de muertes muy superior al causado por todas las demás causas juntas de lesa humanidad.

Sugerimos que las federaciones nacionales de médicos, farmaceutas, enfermeros y afines, ex ministros de sanidad, ONG del sector alimentación, salud y economía, juristas interesados, responsables de salud en la Asamblea y principales universidades del país unan esfuerzos a fin de producir y someter a la CPI un informe documentado sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes chavistas en los campos de la alimentación y la salud.

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