Disfraz jurídico antiuniversitario, por Gioconda Cunto de San Blas
Publicado diciembre 19, 2019
El 5 de diciembre honramos al Profesor Universitario en su día, en recuerdo de tal fecha en 1958 cuando Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno a la caída de quien creímos sería el último dictador, sancionó el Decreto Ley N° 458 que regularía la vida universitaria bajo el principio autonómico de gestión, refrendado luego en la Ley de Universidades y la Constitución vigentes.
A pesar de estos instrumentos legales, desde hace más de tres lustros, la universidad venezolana está siendo sometida a un acoso implacable del régimen para quebrar su espíritu autonómico y ponerle freno a la libre difusión y discusión de las ideas. No podía ser de otra manera, dada la naturaleza del autócrata.
Dicho ataque llega ahora a su zenit con el disfraz de argumentos paralegales, concentrados en las sentencias 0324, 0389 y 0500 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La primera de ellas, bajo el pretexto de renovar autoridades luego de años de atraso, ordena a las universidades autónomas a celebrar elecciones tumultuarias en su seno, a más tardar en febrero de 2020, con el indisimulado propósito de aniquilar el Claustro Universitario y hacerse con el control institucional. De nada han valido los recursos de oposición interpuestos por las universidades nacionales ante la sentencia 0324, todos ellos declarados sin lugar en la sentencia 0389 por los “magistrados” del TSJ.
Como si fuera poco, el TSJ en sentencia 0500 del 9/12/19 declaró nula y carente de efectos jurídicos la designación de los profesores Manuel Rachadell y Miguel Eduardo Albujas como representantes de la Asamblea Nacional (AN) ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), a la vez que les prohíben salir del país y enajenar o gravar bienes propiedad, mientras les aplican sanciones de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento en el sistema financiero.
Con esas decisiones el TSJ se pone una vez más de espaldas a la Constitución de 1999, (“la mejor constitución del mundo” ¿recuerdan?), documento que consagra, como nunca antes, el principio autonómico universitario de darse su propio gobierno a través del Claustro Universitario.
Lo más indignante es que toda esta política sistemática de violencia destinada a sojuzgar la universidad es estimulada por personajes egresados de esas mismas aulas, algunos de ellos incorporados a su cuerpo profesoral o ya en posiciones cuestionables de directivos impuestos por el CNU. Ya han surgido candidatos de currículos impresentables para ocupar la silla de Vargas, nada menos.
Es claro que el disfraz jurídico oculta una torcedura política que obliga al campo político universitario a enfrentarlo con la realización de elecciones rectorales bajo el amparo cabal del Claustro Universitario, no las elecciones tumultuarias que se pretenden imponer.
Para esto es necesario que toda la comunidad universitaria esté cohesionada hacia ese objetivo. ¿Estarán los estudiantes, empleados y obreros dispuestos a renunciar a lo que podrían interpretar equivocadamente como una oportunidad de participación y no como lo que verdaderamente es, una oferta engañosa más, un intento totalitario del régimen de usarlos como peones para apropiarse de los últimos reductos de pensamiento libre? Ya se ha hecho en otros institutos de investigación científica.
Los profesores de la Universidad Simón Bolívar han recibido un primer sorbo de tal quebrantamiento al habérseles impuesto, vía CNU, un Vicerrector Académico que en estos momentos cumple, además, las veces de Rector interino por enfermedad del titular. La misma receta fue aplicada la semana pasada a la Universidad del Zulia, al imponérsele un vicerrector administrativo. De manera que todas estas acciones violatorias de leyes, reglamentos y constitución obligan a la comunidad universitaria a acciones de conjunto, unitarias, entre todas las universidades autónomas del país y dentro de todos los sectores que la conforman, para reforzar los principios y valores autonómicos. No es poca cosa.
Desde los estatutos autonómicos bolivarianos de 1827, la autonomía universitaria en Venezuela ha sido manjar apetitoso en las fauces de gobiernos dictatoriales o autoritarios; hasta gobiernos electos democráticamente se han visto impulsados a morderla. Es que está en la naturaleza humana la tentación del poder absoluto y está en nosotros ponerle freno.
Vivimos tiempos en que no vale el silencio cómplice o el mirar hacia otro lado. Es obligación nuestra luchar de manera cohesionada, unitaria, por la defensa de la libertad y la democracia en todos los terrenos de la vida nacional. Ya decía Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
TUITEANDO
Esta es mi último artículo de 2019. Nos reencontraremos en enero. Nuestros mejores deseos porque estos días navideños traigan paz al espíritu y nos ayuden a reflexionar sobre el quehacer en 2020, que se traduzca en realizaciones personales y en logros por un país mejor para todos los venezolanos.
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