Denuncian recrudecimiento de persecución política a sindicalistas en Bolivia

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Organismos de derechos humanos advirtieron sobre un recrudecimiento de la persecución política contra sindicatos y movimientos sociales de Bolivia, luego que la Fiscalía del país suramericano anunció el jueves que recibió 33 demandas de proceso penal contra dirigentes de esos sectores.

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Las demandas se interpusieron por la reciente huelga general que se llevó a cabo en Bolivia y que incluyó el cierre de carreteras para exigir seriedad en el proceso electoral, el cual se ha pospuesto en varias ocasiones este año.

De acuerdo con el corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales, esta recrudecimiento, al igual que la primera etapa luego del golpe de Estado, se caracteriza por producirse después de discursos de concertación y diálogo, y de acuerdos de pacificación patrocinados por organismos internacionales.

La huelga instruida por la Central Obrera Boliviana (COB) y por diversas organizaciones sociales logró un acuerdo político, cuyo garantes internacionales son Naciones Unidas y la Unión Europea, para que se realicen elecciones este año, Sin embargo, el acuerdo dio paso a la persecución contra los dirigentes.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este jueves que ha recepcionado 33 denuncias hasta la fecha “en contra de actores sindicales, políticos y cívicos”.

“Estas denuncias hacen referencias a varios tipos penales, dentro de los cuales podemos citar delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir”, detalló.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez, denunció que el Gobierno de facto lleva a cabo una persecución política “queriendo amedrentar, queriendo callar la voz del pueblo, la voz de los dirigentes”.

Los sindicatos adelantaron que presentarán una denuncia internacional por la persecución a sus dirigentes y advirtieron que también adoptarán medidas internas para defender el fuero sindical, que está protegido por la Constitución política del Estado.

Las organizaciones sindicales y sociales bolivianas están declaradas en vigilia para garantizar que las elecciones generales se realizarán el 18 de octubre próximo, como está decidido por una ley expresa.

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