¿De qué manera la crisis migratoria venezolana desafía a América Latina?

¿Refugiados o migrantes? En la propia definición que terminen dándole los países receptores y los organismos internacionales a la salida masiva de venezolanos, está una de las claves sobre la nueva dinámica regional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Junto a esto, la tensión subyacente sobre el marco político o humanitario que tiene la discusión entre países y agencias internacionales. Y en el fondo está el dinero. Sí, también hay una no siempre callada lucha por la captación de fondos para atender la crisis.
Durante la primera semana de este mes de septiembre ocurrieron dos sesiones de discusión sobre la crisis venezolana y su impacto migratorio en la región. La primera tuvo lugar en Quito, el 3 y 4 de septiembre, la segunda en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) un día después. En realidad, la segunda presionó para que ocurriera la primera, y la realización de ambas deja al desnudo la incapacidad en este momento de que haya una sola agenda para enfrentar la crisis.
De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al 31 de agosto de 2018 hay 2,3 millones de venezolanos que están principalmente en Sudamérica (90 por ciento). De esos, un total de 1,6 millones lo hizo desde 2015, de acuerdo con los saldos migratorios de los países receptores. Consulté a varios expertos, y no es exagerado estimar que a la vuelta de un año se hable de un éxodo de 5 millones, dada la creciente y al parecer irresoluta crisis económica, junto a la ausencia de un horizonte cierto de cambio político.
Como lo indicamos en un texto anterior en Prodavinci, Venezuela no ofrece datos migratorios por más de una década. Así que no hay manera de saber oficialmente cuántos venezolanos se han ido del país. A la cifra ofrecida por la ONU, se debe sumar un 10 por ciento más, según me indica un funcionario de Naciones Unidas en la frontera, por la cantidad de personas que sencillamente salen del país por trochas, sin pasar por un puesto fronterizo formal.
Cuantificar la magnitud de la crisis, eso en sí mismo, ya constituye un desafío para los países de la región, dada la ausencia de cifras y la falta de interés del gobierno de Nicolás Maduro en colaborar en esta materia.
Incluso, las cifras que ofrece la ONU podrían no estar reflejando lo que ocurre en el terreno, básicamente por un asunto metodológico. “Las cifras que ofrecen los gobiernos pueden variar, y debemos estar atentos que provienen de fuentes diferentes: saldos migratorios estimativos, registros o censos. En este sentido, es difícil comparar y tener una sumatoria porque se trata de distintas cifras en cada país, con rangos y periodos diferentes”, me explica Jeffrey Villaveces, experto en data en contexto de crisis humanitarias, residenciado en Colombia.
El año pasado se registraba un promedio diario de 40 mil venezolanos cruzando a Colombia, en los últimas semanas ha habido picos de hasta 100 mil en día. La mayoría sólo pasa la frontera en busca de alimentos o medicinas, y luego retornan a Venezuela el mismo día. Un monitoreo independiente y especializado permitiría tener un registro y dar las señales de alerta, un asunto que sería indispensable en opinión de Villaveces.
La reunión de Quito
El 3 y 4 de septiembre se celebró una histórica reunión de 13 países para discutir la crisis migratoria de Venezuela. Cuando le consulté a Carlos Romero, experto en política internacional, me confirmó que se trata de una reunión inédita en los últimos 30 años. Otras crisis migratorias debatidas regionalmente fueron las de Nicaragua y El Salvador, en los años 80, y la de Cuba en los 60, del siglo pasado.
La reunión la convocó Ecuador y se celebró en Quito. Este país tiene sobradas razones para encabezar la iniciativa. Con apenas 16 millones de habitantes, es el tercer país sudamericano en número de venezolanos acogidos, y por su ubicación geográfica es paso obligado para los venezolanos que por vía terrestre van a otros destinos de Sudamérica. Un eventual desbordamiento de la situación afectaría a Colombia, sin duda (pero allí ya está puesto el ojo de la cooperación internacional), y en segundo término afectaría a Ecuador, incluso más que a Perú.
El posicionamiento público de Ecuador para debatir sobre la crisis humanitaria venezolana, y sus efectos en la región, ha ido de la mano de la distancia política que marcó el gobierno de Lenin Moreno respecto del chavismo desde mitad de este año. Durante la tercera semana, del pasado agosto, la cancillería ecuatoriana formalizó la separación del ALBA(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). ¿La razón? Precisamente Venezuela en el seno del ALBA se negó a discutir sobre la salida masiva de venezolanos y su impacto en los países receptores.
La reunión de Quito fue esbozada por el presidente ecuatoriano el 13 de agosto, cuando pidió un marco de cooperación regional para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela, pero no encontró mayor eco, al menos no públicamente. La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de convocar un consejo permanente para el 5 de septiembre, aceleró el proceso para que de forma previa y claramente sin vinculación con la OEA un grupo de países abordara la crisis venezolana, el 3 y 4 de septiembre.
Almagro convocó el consejo permanente el 20 de agosto y la cancillería ecuatoriana la reunión de Quito el 21 de agosto, teniendo ya el respaldo de varios países.
Un funcionario de la cancillería ecuatoriana me confirmó, con la condición de anonimato, que Ecuador busca la no politización del tema migratorio y crear un espacio para respuestas humanitarias. Eso tropieza con su vecino Colombia, cuyo nuevo gobierno claramente sí quiere hacer una bandera política de la crisis venezolana.
Las diferencias podrían sintetizarse de este modo: Ecuador junto a otros países aboga porque se ofrezca una ayuda humanitaria a los venezolanos, sin entrar en la discusión sobre la permanencia o no de Nicolás Maduro en el poder. Colombia encabeza un polo, que si bien ha mostrado solidaridad con los venezolanos, propone que se corte el problema de fondo: mientras Maduro esté en el poder habrá un éxodo masivo de ciudadanos que optarán por salir de Venezuela.
La declaración de Quito que terminaron suscribiendo 11 países, y cuyo texto puede leerse también en Prodavinci, tuvo resonancia pública por la decisión de que estas naciones aceptaran en su territorio a los venezolanos aún con documentos de identidad vencidos. Y se trata, sin duda, de un gran avance dada la política restrictiva que existe en Venezuela para acceder a pasaportes.
Sin embargo, la declaración refleja otros aspectos que terminarán siendo relevantes en la discusión pública sobre la diáspora venezolana. El documento habla explícitamente de “ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana”, en ningún momento apela a la condición de refugiados. Acá ya se traza una clara diferencia entre lo acordado en Quito y lo discutido en el seno de la OEA un día después, el 5 de septiembre.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hizo, además, otra oportuna aclaración. En la reunión de Quito, de este septiembre, no se hizo mención de la Declaración de Cartagena (1984), el documento regional más significativo en respuesta a la crisis migratoria centroamericana producto de las luchas armadas de aquel momento.
Precisamente ese documento, avalado por ACNUR, le brinda un marco mayor de interpretación y alcance a los países receptores sobre a quién debe considerarse refugiado, ampliándolo de la consideración tradicional, que le otorgaba tal condición principalmente a perseguidos políticos o emigrantes producto de catástrofes naturales o guerras abiertas.
Para la Declaración de Cartagena, también deben ser considerados como refugiados “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
La sesión del Consejo Permanente de la OEA
El 5 de septiembre se celebró el Consejo Permanente dedicado a analizar la crisis migratoria de Venezuela, convocado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esta sesión fue fundamentalmente de discusión y debate político. Si bien hubo cifras e intervenciones técnicas sobre el fenómeno, el empaque público fue político.
No hubo consenso para una declaración conjunta sobre la crisis, ni siquiera los países afectados por la llegada masiva de venezolanos pudieron en el seno de la OEA aislarse del ruido político para alcanzar unos puntos en común. La brecha entre la secretaría general y las delegaciones nacionales, en el seno de la OEA, quedó nuevamente en evidencia al abordar la crisis venezolana.
La ausencia de decisiones en la asamblea, tuvo al final del día una nueva respuesta política de Almagro al crear un grupo de trabajo sobre la migración venezolana y colocar al frente de éste al exiliado exalcalde de El Hatillo, David Smolansky. Éste como buena parte de la dirigencia política exiliada aboga para que los venezolanos forzados a salir del país reciban la condición de refugiados.
El grupo de trabajo, según Almagro, deberá determinar “la escala completa de la migración venezolana y la crisis de refugiados” y emitir sus recomendaciones para atender el fenómeno, explicó. Según el mandato, tendrá áreas de acción diversas: salud, educación, vivienda, trabajo.
El rápido respaldo del canciller colombiano a este grupo de trabajo, siendo el único gobierno que avaló la iniciativa, y la siguiente decisión de Almagro de ir a visitar la frontera colombo-venezolana (lo anunció el 6 de septiembre) para constatar en el terreno la situación de los venezolanos migrantes, hacen prever un tándem entre Bogotá y la secretaría de la OEA, teniendo como bisagra a Smolansky.
Tras esta decisión en el seno de la OEA consulté al experto en política internacional, Carlos Romero. A su juicio, la designación de Smolansky constituye un error porque politiza aún más el tema migratorio y aleja la posibilidad de que se aborde -conjuntamente con el gobierno de Maduro- la crisis humanitaria, un asunto que en su opinión será ineludible, tarde o temprano.
Asimismo, para Romero no será la OEA el ente que podrá liderar los esfuerzos para orquestar una respuesta regional a la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos directos en los países, principalmente de Sudamérica. En esa misma dirección apuntó la conferencia de Quito, que de forma diplomática evadió darle responsabilidades a la OEA, pese a que se reunía un día después.
En Quito, más bien se trazó la revitalización de los entes subregionales tradicionales para hacer frente a la contingencia: “Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario”.
Finalmente, un tema no menos importante está relacionado con los flujos de ayuda internacional para atender la crisis humanitaria venezolana, en las naciones vecinas. Almagro, por ejemplo, sintetizó que el grupo de trabajo desde la secretaría de la OEA buscará “de inmediato” captar “recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe (que debe elaborar dicho grupo de trabajo)”.
De forma visible, hasta ahora, Colombia ha captado la mayor cantidad de dichos recursos. Se suman varios factores para ello: a) tiene la frontera con más movilidad humana de toda Sudamérica; b) esta frontera la comparte con Venezuela en medio de la más cruda crisis económica y social de nuestro país; c) la simbología del éxodo tiene en el puente hacia Cúcuta el icono principal de esta masiva migración; d) por su propia historia reciente, Colombia ha captado importantes recursos para atender la crisis del desplazamiento interno que le dejó la lucha guerrillera.
Desde la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas (ACNUR) están en campaña campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares, respectivamente, para atender la crisis. Un experto que consulté en Naciones Unidas me dice que tales cifras son mínimas, ya que en realidad se requieren 10 veces más de fondos. Entre las agencias de la ONU, por otro lado, tampoco han logrado orquestar una estrategia común ante la crisis venezolana.
Con mucha frecuencia desde la comunidad internacional se llama a que dentro de Venezuela, los venezolanos logremos consensos mínimos sobre cómo superar la crisis. La tragedia que se vive hoy con millones de venezolanos emigrados en situaciones precarias, y las perspectivas de que esta tendencia se agudice en los próximos meses, lejos de generar consensos entre países y organismos internacionales, deja al descubierto que tampoco la comunidad internacional, y particularmente América Latina, tiene claridad de cómo afrontar la crisis humanitaria que desborda a nuestro país.

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